A partir de la derogación de la Ley Zavala-Riera se garantizan los derechos de la tierra evitando los desalojos de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Con diversas movilizaciones sociales en el campo y en la ciudad, se ha logrado la derogación de la ley Zavala-Riera, la cual tipificaba la ocupación de tierras como crimen y aumentaba la pena para infractores de 5 a 10 años de cárcel. Esta ley afectaba principalmente a comunidades campesinas y pueblos indígenas, quienes utilizaban los terrenos para vivienda, el sustento familiar y de sus comunidades.
Las instituciones públicas han logrado generar un plan de desarrollo rural, en donde todas las familias tienen cultivos de autoconsumo, vivienda y pueden desarrollar sus vidas, logrando que sus hijas e hijos puedan ir a la escuela, recrearse y alimentarse de modo sano.
Con este avance, se logró evitar los desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos a las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Asimismo, se proseguirá con la recuperación de tierras de los pueblos indígenas que fueron entregadas de modo fraudulento durante la dictadura.